El Comité Central del Partido Socialista de Chile quiere hablarle al país con claridad sobre el momento que vivimos.
Lo que pasa en el mundo, pasa en Chile. En muchas partes del planeta avanzan gobiernos y movimientos de ultraderecha que prometen orden y soluciones rápidas, pero que terminan recortando derechos laborales y sociales, atacando a las mujeres, a las diversidades y a los migrantes, y debilitando las instituciones que protegen a todos. Chile no está al margen de esa ola. Lo que está en juego es el retroceso de derechos que costó décadas conquistar.
Soberanía no es un eslogan. El Gobierno se alineó con la administración Trump y esperaba, a cambio, un trato preferente. El resultado fue un arancel adicional del 12,5 % a nuestras exportaciones desde el 24 de julio, que golpea a sectores como el salmón y a las regiones que viven de ellos. Un Chile soberano defiende sus recursos y a sus trabajadores sin subordinarse a nadie.
Sobre seguridad: lo decimos de frente. La inseguridad es real, golpea a las familias y a los barrios, y el Partido Socialista no la minimiza. Combatir la delincuencia y el crimen organizado exige respuestas eficaces, decisión política y recursos, pero no puede convertirse en una excusa para debilitar la Constitución, restringir derechos ni concentrar poderes excepcionales en el Ejecutivo.
En este contexto, el Comité Central del Partido Socialista de Chile rechaza la reforma constitucional impulsada por los senadores Pedro Araya, Andrés Longton y Arturo Squella, que amplía las causales para decretar el estado de emergencia y permite restringir derechos frente a amenazas inminentes que aún no se han concretado. Consideramos que esta propuesta entrega al Ejecutivo un margen excesivo de discrecionalidad para limitar las libertades de la población, debilitando los necesarios controles democráticos. El retiro del proyecto original del Gobierno no resuelve este problema de fondo.
La seguridad de las personas debe garantizarse con más Estado, mayor eficacia y pleno respeto a la democracia. Queremos más inteligencia, mayor control territorial, policías mejor equipadas y una persecución efectiva del dinero del crimen organizado, levantando las trabas del secreto bancario que dificultan su investigación.
El Comité Central considera indispensable construir, con la mayor transversalidad posible, una agenda integral de seguridad que contemple no solo reformas legislativas, sino también recursos presupuestarios, medidas administrativas y políticas públicas orientadas a la prevención del delito, la reinserción social y la recuperación de barrios y espacios públicos. Nuestras autoridades y representantes deberán trabajar activamente en esta tarea, promoviendo acuerdos amplios que permitan enfrentar la delincuencia sin renunciar a los derechos fundamentales ni a los límites democráticos del ejercicio del poder.
Rechazamos toda propuesta que pretenda instalar medidas excepcionales sin los debidos controles democráticos. La seguridad y la libertad no son objetivos contrapuestos: ambas constituyen derechos esenciales que el Estado tiene la obligación de proteger.
La agenda proempleo y de resguardo de los derechos de las y los trabajadores, tanto del sector público como del privado, seguirá siendo nuestra prioridad, porque así lo reclama la ciudadanía.
Ser oposición exige serlo en los hechos. Hoy el Gobierno no tiene los votos para sacar adelante su agenda y, por eso, busca acuerdos con parlamentarios de oposición. Lo decimos sin rodeos: quienes negocian por el lado, a espaldas de sus bancadas, de sus partidos y de los acuerdos colectivos, le regalan a la derecha lo que no ganó en las urnas. No es independencia ni pragmatismo: es un descuelgue y tiene costos. Lacera la voz de la oposición en el Congreso, rompe la confianza entre los aliados y le entrega al Gobierno el argumento de que la oposición no existe como bloque. Ser oposición no se declara en una entrevista; se demuestra en cada votación. Quien rompe esa disciplina en una hora tan crítica para Chile no puede esperar que se le trate como un aliado más y responderá ante el país y ante sus propios electores por el daño causado.
Las decisiones de estos días serán recordadas y cada uno deberá asumir sus responsabilidades.
El pleno del Comité Central del Partido Socialista de Chile, en relación con el actual debate respecto del futuro escenario presidencial, manifiesta su profunda valoración de la figura y la permanente vocación de servicio público de la expresidenta Michelle Bachelet.
Su estatura política, tanto a nivel nacional como internacional, y su liderazgo indiscutible constituyen un patrimonio del más alto valor para nuestro país y un motivo de orgullo para las fuerzas progresistas. Su disposición a estar siempre presente en los grandes debates de Estado reafirma su compromiso inquebrantable con el destino de Chile.
En momentos de alta polarización, su voz, su visión transformadora y su capacidad de convocar mayorías son indispensables.
Sabemos que el país reconoce en ella una referencia de estabilidad, justicia social y liderazgo responsable de cara a los desafíos del futuro.
Sabemos que el debate presidencial despierta entusiasmos legítimos. Por nuestra parte, tenemos una certeza: contamos con la expresidenta Bachelet para la tarea de hoy, que es construir unidad y representar con fuerza los valores democráticos y la dignidad de las personas, tal como ella misma lo ha dicho.
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE
Santiago, 9 de octubre de 2026.
