El diputado, junto a representantes de la Fundación Derecho y Defensa Animal, entregó al presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet, una solicitud para iniciar la tramitación del proyecto. Mulet comprometió gestiones para incluirlo en tabla.
El diputado César Valenzuela (PS), junto a Mayra Cabezas, del Área Legislativa, y Bárbara Castillo, del Área Jurídica de la Fundación Derecho y Defensa Animal, solicitaron al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, diputado Jaime Mulet, poner en tabla la denominada Ley Balto.
Durante la reunión, realizada en el ex Congreso Nacional, entregaron una carta respaldada por más de 90 organizaciones animalistas que solicita iniciar la discusión del proyecto, correspondiente al Boletín N.º 18.365-07.
La iniciativa modifica el artículo 291 bis del Código Penal para aumentar las penas por los casos más graves de maltrato animal y evitar que las personas condenadas puedan continuar trabajando con animales.
“Queremos que quienes sean capaces de cometer este nivel de atrocidades no puedan nunca más trabajar con animales”, señaló el diputado César Valenzuela.
El proyecto establece una pena de entre 541 días y tres años de presidio, junto con una multa de 10 a 30 UTM, cuando el maltrato provoque daños o lesiones que menoscaben gravemente la integridad física del animal.
Cuando el ataque cause su muerte, la sanción aumentaría a entre tres años y un día y cinco años de cárcel, además de una multa de 20 a 30 UTM. En ambos casos se aplicaría la inhabilidad absoluta y perpetua para tener animales o trabajar en actividades relacionadas con ellos.
La iniciativa surgió a partir del caso de Balto, un perro que intentó escapar de su agresor y buscó refugio en su casa, pero fue perseguido y asesinado en Quilicura. Aunque el responsable fue condenado, pudo acceder al cumplimiento de la pena en su domicilio y continuar vinculado laboralmente con animales, debido a que era dueño de un salón canino y veterinario.
Para los impulsores de la iniciativa, el caso de Balto expuso dos graves debilidades de la legislación actual: las bajas penas permiten acceder a salidas alternativas o sanciones sustitutivas y no existe una prohibición que impida que una persona condenada por maltrato siga trabajando con animales.
Mayra Cabezas y Bárbara Castillo advirtieron que el aumento de las denuncias por maltrato animal no se ha traducido necesariamente en más condenas. Por ello, sostuvieron que se necesitan penas efectivas, herramientas que tengan un verdadero efecto disuasivo y medidas que protejan a los animales frente al riesgo de nuevos maltratos.
Tras recibir la solicitud, el diputado Jaime Mulet manifestó su disposición a impulsar el inicio de la tramitación.
“Vamos a hacer todo el esfuerzo para que se ponga en tabla. No se trata solo de subir penas, sino de que la ley sea eficaz”, afirmó el presidente de la Comisión de Constitución.
La Ley Balto fue presentada en junio y cuenta con respaldo transversal en la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, el primer paso para que pueda avanzar es que la Comisión de Constitución la incorpore en su tabla e inicie formalmente su discusión.
