El parlamentario criticó la falta de negociación del Ejecutivo y sostuvo que los cambios tributarios aprobados por un solo voto en el Senado difícilmente se mantendrán “tal cual” en futuras administraciones.
A días de que el Congreso termine de despachar la denominada megarreforma, el jefe de bancada de los senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, cuestionó la tramitación del proyecto y acusó al Gobierno de no abrir una negociación sobre sus aspectos centrales.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el parlamentario también criticó el rol del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los requerimientos presentados por la oposición ante el Tribunal Constitucional y cuestionó los recortes presupuestarios en áreas sociales.
— A pocos días de que el Congreso termine de despachar la denominada megarreforma, ¿Cómo evalúa la discusión que se dio durante estos tres meses?
Fue una discusión muy acelerada y precipitada porque el Gobierno nunca quiso abrir una verdadera negociación respecto al núcleo principal, que es lo tributario. Es decir, la rebaja de impuestos, la reintegración del sistema y la invariabilidad. Esos son los pilares esenciales que tiene esto.
Y luego, alrededor de esto, están distintas materias en que sí estuvieron dispuestos a conversar de manera parcial en algunos casos y que, la verdad, salvo un intento que hubo con algunos senadores del PPD, no prosperó, porque siempre hubo aquí una rigidez estructural que era no moverse un milímetro de la reforma tributaria, que era lo más importante para ellos, aunque lo revistieran de reconstrucción como título del proyecto.
Finalmente se ganó en el Senado por un voto. Está pendiente aún la votación final de la Comisión Mixta sobre el tema de la exencion de contribuciones. No pudieron ellos reunir sus votos la semana pasada y, por lo tanto, estamos frente a un escenario bastante dramático de tener una megarreforma que está en este instante prácticamente detenida, porque además está cuestionada en el Tribunal Constitucional. Está en medio de un debate de impugnaciones que hemos hecho y que esperamos prospere cuando se vea el fondo de la causa.
— ¿Cómo calificaría el rol que jugó el ministro Jorge Quiroz en esta tramitación?
Quiroz es el autor y el principal impulsor que tuvo este proyecto de ley. No cabe duda de que él mandaba y tenía a la rienda el proyecto y, por lo tanto, de él dependía la suerte que tuviera la iniciativa.
Él se mantuvo muy firme, lo cual puede ser visto como algo positivo, pero también hubo una rigidez de principio a fin y por eso es que al final no lograron juntar los votos la semana pasada. Con dudas razonables de senadores de, por ejemplo, Coquimbo o un senador de Ñuble, del oficialismo, que no quisieron apoyar la guinda de la torta, cuando estaba todo listo para destapar la botella de champán, no pudieron.
Si había dudas en el oficialismo, cómo nosotros no íbamos a tener un grado de razón al hacer todas las objeciones que hicimos durante tres meses y que no fueron escuchadas.
Las condiciones del país en que el día que empecemos a ver más empleabilidad, baja de cesantía, empecemos a ver mejoras sociales, dicen los expertos que va a ser hacia finales de este gobierno, hacia el 2030. Yo lo encuentro grave eso, porque significa un largo camino de desierto durante estos próximos tres años a lo menos. Creo que la ciudadanía no va a resistir, porque es como estar condenado a todas las penurias para después llegar a la tierra prometida y que nadie sabe cuál es.
—La reforma terminó aprobándose por un margen muy estrecho en el Senado. ¿Qué significa ese resultado para la legitimidad y la sostenibilidad de una iniciativa que introduce cambios tributarios de largo plazo?
Difícil, porque esa estrechez de mayoría no ayuda a la sostenibilidad en el tiempo, y ellos lo saben. Es decir, otro gobierno no va a quedar atado de manos, obviamente va a impulsar los cambios que estime.
Estos son cambios muy profundos, porque le hace una rebaja sustantiva de impuestos al gran empresariado y además le mantiene reglas del juego perdurables por muchos años. Y esto, que es un verdadero regalo al mundo empresarial, yo dudo que gobiernos que puedan venir lo sostengan tal cual como quedó. Porque aquí la gente común y corriente, si uno se pregunta qué ganó, la verdad es que no ganó nada, porque ni le bajan los impuestos a las personas ni tampoco hay mejoras sociales que sean relevantes.
Por el contrario, hoy día hay situaciones discriminatorias, como las mismas contribuciones que se van a ver sometidas a muchos juicios públicos. Lo mismo respecto a los temas medioambientales, donde las prebendas son enormes. Incluso plantea, por eso lo recurrimos al Tribunal Constitucional, esto de indemnizar a aquellas proyectos que sean anulados en la justicia o no califiquen, la verdad es un absurdo internacional.
—La oposición presentó requerimientos ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué esperan ustedes de esa instancia y cuáles son los aspectos de la reforma que están siendo cuestionados?
El Tribunal Constitucional tiene que decirnos si está de acuerdo o no, en el fondo, para decir si hay vicios a la Constitución de la República en cuanto a las reglas de invariabilidad hasta por 20 años para empresariados y respecto de estas resoluciones de calificación ambiental abusivas que obligan al Estado a indemnizar.
Son las dos materias que están cuestionadas. Nosotros esperamos que nos vaya bien. Ahora, esto depende de un tribunal externo y seguramente durante agosto vamos a saber el resultado de esta interposición de recursos.
—Para cerrar, ¿cómo evalúa los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno y sus efectos en áreas sociales?
Muy negativo porque es un golpe bajo, sobre todo en ministerios sociales como Salud, Educación, Vivienda, que hayan disminuciones presupuestarias que tanto costó sacar en el Parlamento la ley de presupuestos y que vamos a empezar a ver ahora los efectos en el mes de agosto.
En materia de salud son casi 500.000 millones menos. Estamos hablando de varios centros de salud, hospitales, CESFAM, que obviamente van a tener efectos en la atención de la ciudadanía, y así también en nuestros programas.
El bencinazo inicial de marzo y los recortes después son un golpe bajo a la política social, en que contradictoriamente se dijo que nadie, ninguna persona iba a verse afectada, que esto son poco menos que problemas de planillas Excel, y en la práctica eso se está viendo que no fue así.
Y se toca justamente el corazón del Estado en áreas tan sensibles como las que estamos hablando, sobre todo en la vivienda, en la seguridad, en la salud, que son hoy áreas francamente requeridas y necesitadas por la población.
