Hace pocos días, Elon Musk se sentó durante noventa minutos frente a la editora jefa de The Economist. No habló de cohetes ni de automóviles. Le puso fecha a algo que veníamos escuchando desde hace tiempo.
Sostuvo que, en cinco años, la inteligencia artificial podría superar la inteligencia combinada de toda la humanidad; que millones de robots humanoides asumirán el trabajo físico y que, hacia 2036, el dinero podría dejar de tener la importancia que tiene hoy.
Puede sonar a la exageración de un multimillonario que habla como si el futuro le perteneciera. Pero incluso si solo una parte de ese pronóstico se cumple, estamos frente a una transformación histórica para la cual el progresismo y la izquierda mundial parecen no estar preparados.
Porque la pregunta no es qué podrán hacer las máquinas. La pregunta política es hasta dónde llegará el poder de quienes controlen estas corporaciones tecnológicas, cómo se distribuirá la riqueza que produzcan y qué papel tendrá el Estado cuando millones de trabajadores y trabajadoras pierdan sus empleos y el trabajo asalariado deje de ser el principal mecanismo para distribuir los ingresos.
En paralelo, el papa León XIV junto al creador de Claude ha llamado a “desarmar” la inteligencia artificial, frenar su utilización bélica y regularla para proteger la dignidad humana. Incluso han reconocido que esta industria opera bajo presiones comerciales que muchas veces entran en conflicto con hacer lo correcto y que ni siquiera sus propios desarrolladores comprenden completamente los modelos que están construyendo.
En definitiva, la inteligencia artificial avanza dentro de un capitalismo concentrado. Un pequeño grupo de corporaciones controla los algoritmos, los datos, la infraestructura digital y los modelos más poderosos que ponen en riesgo el discernimiento democrático de los pueblos.
Ese es el mundo que viene: uno que debe exigir a los Estados mayor capacidad para proteger a las personas, el trabajo, regular el poder económico y distribuir socialmente los beneficios de la tecnología. Sin embargo, mientras el mundo comienza a discutir estas respuestas, en Chile avanzamos exactamente en la dirección contraria.
El gobierno del presidente Kast impulsa una megarreforma que se vota la próxima semana y que pretende congelar durante veinte años las reglas tributarias para las mayores inversiones del país. Hasta 2046.
En el mismo momento en que la inteligencia artificial puede transformar completamente la economía y el empleo, el Gobierno propone amarrar las manos del Estado y limitar la capacidad de los futuros gobiernos para responder a este mundo del trabajo que se transforma.
Nos dicen que la invariabilidad tributaria traerá más inversión y más trabajo. Es la misma promesa del chorreo de siempre. Pero lo dicho anteriormente demuestra todo lo contrario, porque es evidente que la inversión en minería, logística, comercio o centros de datos es cada vez más automatizada y genera menos empleos por cada millón de dólares invertido.
Si en diez años miles de trabajadores del transporte, el comercio, la administración o los servicios ven desaparecer o transformar sus oficios, el Estado necesitará recursos para financiar reconversión laboral, seguros de desempleo, pensiones y nuevas formas de protección social. Y la respuesta del Gobierno es congelar precisamente la posibilidad de obtener mayores recursos de las inversiones más grandes. Eso no es certeza jurídica. Es una reforma fuera de tiempo, escrita de espaldas al futuro, que hipotecará durante dos décadas la capacidad de Chile, de la democracia y del pueblo de Chile para reaccionar.
Trump, Milei, Kast y otros dirigentes han aprendido a utilizar mejor que el progresismo las redes sociales, el miedo, la rabia y la frustración. Detrás de ellos no hay solamente partidos, sino también grandes corporaciones, multimillonarios y empresas que abiertamente se articulan y desarrollan tecnologías de vigilancia e inteligencia para gobiernos y fuerzas de seguridad. Por eso la defensa de la democracia no puede seguir siendo una consigna general.
Porque si la democracia pierde la capacidad de controlar el poder económico y tecnológico, serán las corporaciones, y no los ciudadanos, quienes decidirán cómo se distribuye la riqueza, quién accede a las oportunidades y quién queda fuera. Y debemos reconocer una verdad incómoda: la izquierda y el progresismo todavía no tienen un proyecto político para este nuevo mundo y es urgente poner esta discusión en la mesa ante la tozudez de un gobierno sobre ideologizado que no quiere enfrentar los problemas del futuro.
Porque lo que está en juego no es la próxima elección, lo que está en juego es la defensa de la democracia, la lucha contra la desigualdad y el futuro de Chile.
Vicepresidente Partido Socialista
