El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva , realizó una dura evaluación de los primeros 100 días del gobierno del presidente José Antonio
Kast, acusándolo de no cumplir las expectativas generadas durante la campaña, especialmente en materia de seguridad.
Además, en conversación con BBCL , cuestionó la calidad técnica y constitucional de varios proyectos impulsados por La Moneda, afirmando que existe una “falla muy grave” en la elaboración legislativa.
Respecto al debate sobre las acusaciones constitucionales, Leiva respaldó el proyecto transversal que busca elevar los requisitos para su presentación, reconociendo que tanto la derecha como la izquierda han abusado de esta herramienta en los últimos años.
En seguridad, el socialista dijo estar a favor de que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en materia de orden y seguridad, afirmando que faltan carabineros en las calles.
Además, lanzó sus dardos al Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Martín Arrau. Esto, acusando que el gobierno ha privilegiado una agenda comunicacional por sobre una estrategia integral de seguridad y que, pese al cambio de autoridades, no observa diferencias concretas.
Raúl Leiva y temas de seguridad
— A raíz del asesinato del niño de 12 años durante una encerrona, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien es militante socialista, ha pedido la colaboración de las Fuerzas Armadas con la seguridad municipal. ¿Ustedes, como partido, están de acuerdo con sacar a los militares a las calles?
No solo estamos de acuerdo, sino que aprobamos la reforma constitucional que lo habilita y que permite, a través de un Decreto con Fuerza de Ley, que se pueda, por ejemplo, realizar control en las fronteras. Eso es Ley de Infraestructura Crítica, que fue aprobada constitucionalmente y que todavía se mantiene en primer trámite constitucional en el Senado sin avanzar. La infraestructura crítica permite que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en materia de orden y seguridad, y eso constitucionalmente ya fue sancionado y aprobado. Y ahora el desarrollo legislativo es el que está trabado sin la agilización adecuada por parte del Ejecutivo. Y ese es un problema. Lo que solicita el alcalde es algo que el Congreso Nacional ya aprobó y notificó con la modificación constitucional, pero que no avanza en la tramitación legislativa durante este periodo.
Y uno de los factores más complejos que enfrentamos es justamente la falta de carabineros, de personal policial en las calles, y eso puede ser suplido, insisto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas en esas materias, pero no conculcando garantías individuales como el Estado de Excepción Constitucional, que esa es la principal virtud que tiene la Ley de Infraestructura Crítica.
— ¿Y en sectores urbanos?
En sectores urbanos, en carreteras, en hospitales, en Cesfam, Metro, transporte público, en todo tipo de servicios básicos. Quizás la falta de delimitación que requiere la ley, que está en actual tramitación, va a permitir liberar funciones de Carabineros para que, a través de la presencia de las Fuerzas Armadas, se generen dos aspectos o dos consecuencias muy virtuosas: una, que exista una mayor percepción de seguridad, entendiendo que esto no es la respuesta total al fenómeno complejo; y, en segundo lugar, liberar recursos policiales para que se dediquen a los aspectos más fundamentales, particularmente en investigaciones y en operativos contra el crimen organizado.
— El presidente José Antonio Kast acusó “populismo” por parte de quienes piden sacar militares a la calle. ¿Qué se le responde a eso?
En caso alguno se trata de populismo; se trata simplemente de aplicar la Constitución vigente que, a través de un decreto con Fuerza de Ley, ya permite el resguardo de infraestructura crítica en la frontera norte de nuestro país y que está pendiente para el resto del país en infraestructura básica en servicios básicos por un proyecto de ley que está en primer trámite constitucional en el Senado. Basta que el gobierno le dé discusión inmediata y, en seis días, presidente, las Fuerzas Armadas ya pueden colaborar en el resguardo de infraestructura crítica que tiene por principal objetivo liberar fuerzas policiales para tareas de orden público.
— Le quiero preguntar por el ministro de Seguridad, Martín Arrau; en lo particular, ¿cómo le pareció su reacción a lo ocurrido con la muerte del menor? Dijo que fue el Estado el que falló.
Tengo dos comentarios que hacer. Primero, claramente esto es un tema de Estado en su conjunto y, por cierto, que fallan los distintos aspectos principales y fundamentalmente aquellos que eventualmente impiden que un menor o que una persona llegue a delinquir de esa manera. Y para eso se requiere un trabajo muy fuerte en materia de prevención, social y situacional, de reinserción y de oportunidades. El gobierno no ha propuesto ningún proyecto de ley, ninguna nueva política pública enfocada justamente en la prevención, que es lo más valioso y lo más económico en términos de rentabilidad para luchar contra la delincuencia. Esa es una falencia muy grande. Entonces, está bien que (Arrau) diga que es de Estado, pero que se haga cargo de su declaración. Y en segundo lugar, uno no puede ser solo comentarista de la realidad. Lo que omite el ministro es que él y el gobierno están a cargo de la conducción del Estado en materia de seguridad y, por consiguiente, junto con el lamento, en el cual todos compartimos y entendemos porque es un tema brutal, lo que se requiere es una actitud más proactiva de parte del Estado y no solo un comentario. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad? Porque lo que lamentablemente el gobierno, a mi parecer, confunde, no quiero ser tan pretencioso y señalar que desconoce o ignora, es que confunde orden público con seguridad, y todos los proyectos de ley que actualmente se tramitan dicen relación justamente con orden público, manifestaciones y sus eventuales desarrollos delictuales en materia de manifestaciones. Eso no es seguridad pública, eso es control público. En cada una de las comisiones, lo que ha hecho la derecha es hablar de octubrismo, estallido social y todas sus consecuencias. Pues bien, eso es control de orden público y, para poder regularlo, tiene la llave en su mano hace tres meses: las Reglas de Uso de la Fuerza y la Ley de Infraestructura Crítica; en ninguna se ha avanzado. Si quiere avanzar de verdad en materia de seguridad pública y combate contra el crimen organizado, hay que entregarle más herramientas justamente a ese Estado que el ministro Arrau comenta que falló. Por ejemplo, alzamiento del secreto bancario, agilización de los procedimientos judiciales, pero en combate no contra el delincuente común, sino que con ir desbaratando las redes del crimen organizado.
— ¿Falta una estrategia efectiva en seguridad? Desde el oficialismo han destacado bastante el arribo del ministro Arrau, a diferencia de lo que pasó con la exministra Trinidad Steinert. ¿Ustedes notan algún cambio?
Cero. Uno hubiera esperado que un cambio ante una nula actividad en materia de seguridad de la exministra haya generado un antes y un después. No solo porque salieron ambos subsecretarios; en el caso del exsubsecretario Andrés Jouannet, considero de manera muy injusta porque es el que dialogaba, el que trabajaba, el que conocía de estas materias. El problema, aparte de la crítica política, es que la Ley 21.730 implementa un desafío en materia de seguridad para todos los gobiernos. Esto ya no es coyuntura, ya no es ir a dar señales de acompañar a Carabineros, de estar en operativos… Los ministros de Seguridad no tienen por qué estar en un operativo; si no son fiscales, no son carabineros, no son investigadores. Tienen que administrar políticas públicas de mediano y largo plazo. El problema que tiene el ministro Arrau es el mismo que tuvo la exministra Steinert, que el gobierno no lo ha sincerado. La exministra nunca presentó una estrategia de seguridad. Nunca. Lo mismo se le pidió al ministro Arrau, que fue a la comisión de Seguridad y dijo: “Yo creo, yo siento y yo espero”, pero no entregó ningún documento. Se comprometió, pero no dejó ninguno. ¿Y por qué? Porque no lo tiene (…) ¿Por qué no se transparenta que no se tiene y por qué se requieren instrumentos de esta naturaleza? Porque no es positivo, conveniente ni productivo el hecho de que aparezca el ministro acompañando a Carabineros en operativos policiales, en controles vehiculares, en algún operativo, no porque esto tiene que ser una forma articulada, coordinada del Estado en su conjunto y esa es la facultad que tiene el Ministerio de Seguridad y por eso se requiere una estrategia.
— ¿Diría que la presencia y agenda comunicacional es para disimular la aparente falta de una estrategia?
Es que lamentablemente lo que el gobierno ha hecho es eso, es una agenda comunicacional porque siente que todavía está en campaña. Entonces dice que vamos a presentar este proyecto, ¿pero cuál es la relevancia penal del proyecto de Registro de Vándalos? No, es una señal contra la delincuencia. Tú le planteas otra cosa y dicen: “No, esto es una gran señal para el orden en nuestro país”. La ciudadanía dice: “Es cierto, falta orden en Chile, así que está bien que se dé una señal”, pero desde el punto de vista legislativo, sobre todo en materia de derecho penal, los cambios conductuales no vienen derivados de una tipificación nueva de un delito específico, sino que es un tema mucho más profundo y lo que lamentablemente hace el gobierno, siguiendo esa misma línea, es no entender y no darse cuenta de que ya no está en campaña y lo que le corresponde es gobernar.
Ahora, sí quiero relevar que el ministro Arrau en un principio se allanó mucho más al diálogo y que no comparto las descalificaciones que se han planteado respecto de su persona y su eventual vinculación con este imputado por manejo en exceso de velocidad. Eso creo que tampoco colabora el clima político.
El rol de la oposición
— En cuanto al rol de la oposición, analistas políticos aseguran que se ha visto menos intensa que en anteriores periodos. ¿A qué responde? ¿Es una falta de articulación o un estilo que buscan marcar desde el sector?
Yo creo que existió mucho trabajo. Hay que hacernos cargo de que perdimos una elección con un resultado muy negativo y que efectivamente cada una de las fuerzas políticas hoy día tenemos que seguir trabajando coordinadas dentro de nuestras diferencias.
— ¿Pero se han logrado articular?
Por cierto, se ha logrado articular. En la gran mayoría de los proyectos de ley, sin perjuicio de visiones muy distintas que tenemos en muchos aspectos, siempre hay un relato común. De hecho, en la megarreforma tributaria o ley de superricos, el Ejecutivo no consiguió ningún voto de la oposición. Ninguno. No se abrió el diálogo en caso alguno, pese a que existieron muchos esfuerzos de distintos sectores por tratar de aunar condiciones o propuestas para poder mejorar el proyecto de ley. Hizo caso omiso, nuevamente esta superioridad, este pasar la aplanadora… Al final le va a terminar pasando la aplanadora al propio gobierno.
— O sea, ¿evalúa de manera positiva el rol de la oposición frente a las propuestas del gobierno?
Sí, sí, porque la forma de hacer oposición ha sido compleja porque el diálogo que debe prevalecer y que debe ser impulsado principalmente por quien tiene la iniciativa exclusiva en estas materias, es decir, el Ejecutivo, ha sido incapaz de dialogar. ¿Cómo dialoga usted con una persona que presenta un proyecto, en este caso el ministro de Hacienda (Jorge Quiroz), que no cede a ninguno de los aspectos? A ninguno.
— La encuesta Cadem mostró el ranking de figuras políticas mejor evaluadas del país; en su sector aparecen —entre otros— Tomás Vodanovic, Macarena Ripamonti y el expresidente Gabriel Boric. Todos del Frente Amplio. ¿Se impone ese partido por sobre el Socialismo Democrático? ¿A qué cree que se deba esa situación?
Que son alcaldes que han hecho muy bien su trabajo, el expresidente de la República también. Llevamos apenas tres meses del nuevo gobierno, pero claramente existe el liderazgo también emergente en el Partido Socialista, en el Socialismo Democrático en general, y eso es importante. Los liderazgos no están determinados solo por una encuesta, sino que estos van emergiendo. Innegable la gran gestión del alcalde Vodanovic, el apoyo popular que mantiene el expresidente Gabriel Boric y la gestión de Macarena Ripamonti. Esperamos que, tanto ellos como los distintos sectores, sigan emergiendo liderazgos que permitan, más que de manera individual, representar un esfuerzo colectivo. Y esperamos que el Partido Socialista, con liderazgos como Álvaro Elizalde, Paulina Vodanovic, Daniel Manouchehri, también vaya generando espacios de crecimiento y de desarrollo colectivo.
— Y en términos generales, ¿a quién ve como la persona que represente a la oposición en su conjunto, o al menos, a la mayoría de la izquierda? ¿Reconoce liderazgos que la ciudadanía pueda considerar?
A nivel local existen liderazgos clarísimos. O sea, en el sector sur de Santiago, Christopher White ha sido un referente claramente en materia de seguridad y de una gestión territorial que asume riesgos concretos, lo mismo Karina Delfino en el sector norte de la región Metropolitana, y ni hablar de Alí Manouchehri que ha hecho una gestión extraordinaria en Coquimbo. Lo importante es que estos liderazgos se vayan aquilatando, se vayan desarrollando, estamos recién partiendo el gobierno. Lo importante es fortalecer nuestras bases; también hay un trabajo interno muy importante y que estos liderazgos locales vayan acrecentándose, teniendo mayor difusión y mayores herramientas de comunicación.
Mecanismo de acusación constitucional
— En medio del debate por la herramienta de la acusación constitucional, se presentó transversalmente el proyecto para reformar los requisitos, del que también es parte. Se argumenta que se ha convertido en un instrumento de disputa política contingente más que en un mecanismo extraordinario. Finalmente, en términos simples, “se chacreó”, ¿pero desde cuándo? Como sector, ¿hacen alguna autocrítica?
Absolutamente. Creo que no se ha logrado dimensionar y entender lo relevante que es elevar los requisitos mínimos de la acusación constitucional; convocar a distintos sectores es un paso muy importante. Ha quedado demostrado con muchas cosas en la vida que la polarización no le hace bien a Chile. Cuando hay bandos distintos, cuando se niega la discusión, cuando permanentemente se descalifica, se cancela al que piensa distinto, el que pierde no es el político de turno que tiene más o menos likes en Twitter o más posteos, sino que el que pierde es Chile. Entonces, es muy importante aquí que desde distintos sectores, desde la UDI hasta el Frente Amplio, seamos capaces de, más que seguir profundizando las diferencias legítimas que ya las conoce todo el mundo y nosotros también, ser capaces también de ponernos de acuerdo en las cosas en que sí nos unen. Por ejemplo, seguridad o acusación constitucional.
Me hago cargo de la pregunta. Claramente, esto es un acto de reconocimiento de la mala utilización de ambos sectores políticos, tanto durante el gobierno del expresidente Piñera como las acusaciones constitucionales durante el gobierno del expresidente Boric. Y eso lo quiero relevar porque fue el propio presidente Gabriel Boric, quien, siendo jefe de Estado, reconoció la forma negativa de ejercer oposición y de eso tenemos que hacernos cargo tanto la derecha como la izquierda en nuestro país. Creo que ese reconocimiento es justamente este proyecto de ley que trata de elevar los requisitos.
— Algunos diputados de Chile Vamos votaron en contra de la acusación constitucional contra el exministro Grau. ¿Cómo leen ese rechazo desde la oposición?
Por cierto, y de hacer frente a quienes descalifican a los que dan este paso, dejándolos de derechita cobarde. O sea, la forma en que se ha tratado a un sector de la política es justamente el mismo marco que lamentablemente a los sectores más extremos de derecha les dio resultado en la elección: descalificar, cancelar y ser permanentemente no una contribución al desarrollo de ciertas ideas, sino que a destruirlas. Esa misma forma es la que muchos parlamentarios han mantenido. Ya no están en campaña; una mala campaña que lamentablemente le dio dividendos en la elección ha mantenido el desarrollo del gobierno. Los parlamentarios no entienden que ahora cumplen una función distinta; ya no están en campaña, el gobierno ya no está en campaña. Uno puede estar de acuerdo o no, pero al Presidente Kast le quedan tres años y nueve meses de gestión y él va a ser el Presidente. Por consiguiente, tienen que entender que a ellos les corresponde apoyar y legislar, no seguir en la campaña de la descalificación (…) Hay algunos que van acelerando esos procesos y creen que la política, particularmente los cargos de elección popular, tiene como único objetivo llegar al poder. Lo que no están haciendo es utilizar adecuadamente ese poder, más que vetar y descalificar e impedir un diálogo democrático adecuado.
Contingencia
— En términos generales, ¿cómo evalúa los primeros 100 días del gobierno?
Yo no podría evaluar porque no han cumplido ninguna de las expectativas que él mismo cifró en la ciudadanía. Si bien nosotros fuimos derrotados en la elección, el nivel de expectativas que generó en la ciudadanía es directamente proporcional al nivel de frustración que sienten las chilenas y chilenos hoy día al ver que cada una de las falsas promesas que se realizaron en campaña hoy no se cumplen. En materia de seguridad, el candidato José Antonio Kast prometió, por ejemplo, lucha y expulsión de migrantes. Él lo señala con una figura retórica que fue una metáfora, luego corrige a una hipérbole, pero efectivamente la gente creyó en su discurso y esas falsas promesas lo llevaron a ocupar el sitial que hoy ejerce. Ese es un tema súper complejo y eso ha generado que su nivel de popularidad o de adhesión ciudadana sea uno de los más bajos. Yo creo que ahí el Presidente comete un error y se profundiza con la salida, luego de dos meses, de todo su equipo de seguridad, no solo la ministra, los dos subsecretarios, sino todos los equipos de seguridad, y eso da cuenta de que no estaban preparados, no tenían un plan, una estrategia definida para enfrentar y abordar un problema tan grave. Es lo que más sorprende, porque uno entendía que, estando en desacuerdo en muchos de sus planteamientos, existía una adecuada coordinación y planificación en materia de seguridad, lo que claramente no ha sido así, sino todo lo contrario.
— El presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley que busca reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE) (volver a permitir la selección de estudiantes por parte de los establecimientos educacionales). ¿Cuál es su opinión al respecto?
Siempre existen espacios de mejora en las distintas políticas públicas que se implementan a nivel legal; lo importante es que el gobierno se haga cargo de aquellas normas que son perfectibles, que permitan una mejora en la calidad educativa y no una refundación, un borrón y cuenta nueva en materia de educación, en lo que se ha avanzado mucho. Insisto, pueden existir, sobre todo a nivel de percepción ciudadana, muchas complejidades, sobre todo en la postulación a ciertos establecimientos educacionales… Eso se debe corregir, pero no borrar de un plumazo todo lo que se ha avanzado en materia de educación, integración e inclusión.
— ¿Podría correr la misma suerte que Escuelas Protegidas (4 artículos inconstitucionales)?
Otro de los aspectos que llaman profundamente la atención es la calidad de los proyectos de ley que se presentan, que no tienen un análisis jurídico constitucional adecuado. Y no solo eso, sino que muchas veces los proyectos de ley, los cuales propone y establece urgencia del Ejecutivo, no tienen fundamento. Es más, uno que fue aprobado en general en la Sala (de la Cámara de Diputadas y Diputados) era un proyecto que originalmente establecía que no se podría realizar ningún tipo de manifestación con rostros cubiertos u obstaculizando la identidad. Cualquier tipo de manifestación, decía el proyecto de ley. O sea, no podría celebrarse la fiesta de La Tirana, ni Halloween, ni K-pop porque todos se cubren (…) Era tan malo el proyecto al que el gobierno puso urgencia, que luego lo que hace es modificar ese proyecto de ley a través de una indicación sustitutiva y lo que hace es sancionar con penas de hasta 15 años de prisión a aquel que obstaculiza de manera deliberada una pista de circulación, una calle, un camino. Vale decir, sanciona ese delito que ya está tipificado en la ley antibarricadas y eleva la sanción a 15 años, más que un homicidio simple y una violación. Ese es el nivel de proporcionalidad que tienen los proyectos. Y ni hablar del denominado Registro Nacional de Vándalos, que coloca en un mismo lugar a quien comete el delito de homicidio contra un carabinero, que tiene presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, que la señora que realiza un bingo en la junta de vecinos sin autorización.
De eso se tiene que hacer cargo el presidente porque tiene una agenda vacía. Muchos temas, todos aquellos sobreideologizados, han tenido respuesta ahora en el Tribunal Constitucional, dando cuenta de que muchos de sus aspectos son muy complejos. Eso sí, hay que evaluarlo a la luz de la sentencia.
— ¿Estas fallas cree que responden a inexperiencia o desconocimiento?
Yo creo que hay falta de experiencia. Hay gente que nunca ha trabajado en el sector público, pero más que eso es una prepotencia y arrogancia nunca antes vista en la tramitación legislativa. Lo vimos en los distintos gobiernos, incluso los gobiernos del presidente Piñera, donde siempre existía un trabajo prelegislativo, una consulta, un trabajo previo. Aquí lo que hace el gobierno es presentar un proyecto de ley, acotar los tiempos de discusión y aprobarlos de la manera más rápida posible. Y el resultado es el que vimos, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de que uno puede estar de acuerdo o no con el proyecto de ley, la forma de su tramitación, que obviamente es una demanda ciudadana y de eso hay que hacerse cargo, en la demora de la tramitación, pero un proyecto de ley de esta naturaleza no se puede tramitar en dos meses en ambas Cámaras. Tiene que tener un proceso legislativo mayor, porque, sobre todo con normas que dicen relación con derecho penal, pueden influir o generar consecuencias en distintos aspectos y en todo el entramado del sistema judicial. Entonces, por lo menos que se tenga la capacidad de analizar, de trabajar. Lo mismo eventualmente va a pasar con la reforma y la invariabilidad tributaria, donde por un voto más, por una coyuntura, por ganar el punto, han sido incapaces de reconocer la inconstitucionalidad de muchas de sus normas y que seguramente van a tener los mismos reparos por parte del TC.
— ¿La megarreforma podría terminar en el Tribunal Constitucional?
De hecho, tiene un control preventivo el Tribunal Constitucional, de oficio, pero si se sigue desarrollando de la misma manera, particularmente temas que afectan contra la igualdad tributaria de la invariabilidad y porque limita el ejercicio de la soberanía por 25 años, claramente vamos a recurrir al Tribunal Constitucional.
